Son muchas personas las que nos plantean esta duda cuando acuden a nuestro despacho de procuradores en Galicia. Por esa razón, el artículo de hoy de Paz Montero lo dedicaremos a resolver y aclarar la cuestión de qué es y qué es exactamente lo que implica la tutela judicial efectiva.
Trataremos de arrojar un poco más de luz, sin embargo, en el caso de que termines de leer este post y aún te queden dudas, te invitamos a que vengas a vernos y a que nos hagas todas las preguntas que necesites a fin de dejarlo todo meridianamente claro, que no te quede ninguna duda. Dicho esto, empecemos.
¿Qué es la tutela judicial efectiva?
La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de los ciudadanos. Este garantiza que cualquier persona tiene la capacidad de comenzar un proceso legal para exigir que cualquier vulneración de sus derechos fundamentales sea reparada.
Este derecho fundamental se encuentra en la Carta Magna, en la Constitución Española, en su artículo 24.1. Este afirma que cualquier ciudadano puede tener la tutela efectiva de tribunales y juzgados siempre que sea para defender derechos e intereses legítimos. Esto asegura que en ningún momento los ciudadanos están indefensos.
Así, en virtud de este derecho, todo ciudadano que considere que sus intereses legítimos han sufrido una vulneración pueda reclamar su reparación ante la Justicia. Los órganos judiciales serán los encargados de analizar el caso. En caso de ser pertinente, los derechos serán restituidos, o bien se repararán los agravios causados en la forma determinada por la ley.
De este modo, la tutela judicial efectiva determina que la Justicia está obligada en todo momento a velar por la defensa del ciudadano ante cualquier ataque a sus derechos fundamentales. Se considera que se ha satisfecho una vez el órgano competente para ello emite una resolución al respecto. Por supuesto, se llevará a cabo un proceso justo cumpliendo con las garantías procesales que determina la ley.
Implicaciones de este derecho
Sin embargo, este derecho no implica la satisfacción de las pretensiones del ciudadano. Lo único que garantiza es que su caso será analizado por la ley en un entorno justo. Es fundamental para satisfacer este derecho que jueces y magistrados encargados de cada caso motiven de forma adecuada y suficiente la decisión tomada.
Esto quiere decir que el fallo recogerá exhaustivamente aquellos motivos y la exposición de las razones en virtud de las cuales los órganos judiciales han emitido una resolución. De esta forma, se acreditará la no arbitrariedad e imparcialidad del juez en cuestión. En el caso de considerar que una sentencia no se motiva lo suficiente, otro órgano judicial puede establecer que el derecho de la tutela judicial efectiva se ha vulnerado.
¿Cómo se materializa el cumplimiento de este derecho?
Son los siguientes derechos del ciudadano los que hacen que la tutela judicial efectiva se vea materializada.
En primer lugar, debe cumplirse el derecho inalienable del ciudadano a recurrir a la justicia cuando considere que sus derecho e intereses se han visto dañados o vulnerados. Igualmente, también se recoge dentro de la tutela efectiva la seguridad y garantía de que el proceso judicial iniciado va a contar con todas las garantías procesales. Esto implicará que se puedan proporcionar todas aquellas pruebas que demuestren que los derechos han sido dañados.
Otro derecho que incluye la tutela judicial efectiva es el de obtener por parte de juzgados y tribunales la respuesta siempre motivada, que se fundamente en el derecho español y dentro de un plazo que sea razonable. Igualmente, el derecho de los ciudadanos a recurrir cualquier fallo emitido en los plazos y formas que determina nuestro ordenamiento jurídico. Esto, en caso de que el mismo sea desfavorable para la persona también se encuentra dentro de la tutela.
Por último, pero igualmente importante, la tutela efectiva obliga a que el fallo de la sentencia se ejecute. De esta manera, se garantiza la efectividad de cualquier decisión judicial.
Cabe recordar que la aplicación de este derecho incluye a todos los ciudadanos cuyos derechos se dañen. Además de que es un derecho personal, no inherente a la ciudadanía de las personas.
